Universidad, catedráticos, LOU y Bolonia

Un recorrido en clave de historia del tiempo presente

Dedicado a Mayayo, Saura y Segura, policías de la cultura

La lucha contra Bolonia, aunque nunca antes había ocupado tantas planas de periódicos y cabeceras de telediario, no ha surgido en el presente curso sino que se remonta a las luchas surgidas a raíz del Informe Bricall (1999) y de la LOU (2001), textos que ya tenían como referente al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y que se dieron a conocer unos años después de que salieran a la luz los acuerdos (GATT's o AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para privatizar los servicios públicos, entre ellos la educación y la sanidad.

En aquel momento, bajo el segundo mandato de Aznar y con las recetas de la tríada OMC, BM y FMI basadas en el libre mercado y la privatización, triunfantes en todo el mundo y en particular en España como alumno aventajado en Europa. Parecía que el crecimiento económico español estaba desbocado, gracias en gran parte al actualmente reconocido «timo del ladrillo» y también a la ayuda de los fondos europeos (PAC, Fondos de Cohesión, etc.). Era el momento en que parecía que España daba el salto al grupo de los poderosos tomando posiciones para la tristemente famosa «Foto de las Azores». En esos últimos años del siglo XX y primeros del XXI, asistimos a un tímido intento de detener la agenda neoliberal que se materializa en las movilizaciones contra el Banco Mundial en Barcelona y en la Campaña Contra la Europa del Capital y de la Guerra, que se extienden por todo el territorio español a golpe de pequeñas contracumbres y que culmina con la Huelga General de mayo del 2001. En los años posteriores florecen las movilizaciones contra la Guerra de Irak. Se puede decir que casi todas estas protestas están protagonizadas por los sectores más «ciudadanistas», a pesar de su mala prensa y de ser tachados de «antiglobalización», y que dichas protestas tienen un corto alcance y pobres resultados.

Volviendo al tema de este artículo, durante el curso 2001-2002 la Universidad se vio paralizada con huelgas y piquetes durante varios meses, se ocuparon numerosas facultades, se organizaron diferentes jornadas de lucha coordinadas y descentralizadas y una manifestación estatal en Madrid el 1 de diciembre, a la que se unieron no sólo estudiantes, profesores y PAS, sino también los representantes sindicales junto con Zapatero, Llamazares, Joan Saura y algunos actores. También comparecieron 25 rectores bajo el paraguas de la CRUE y decenas de vicerrectores, de modo que 42 universidades estuvieron representadas institucionalmente. Algunos de los presentes: Ignacio Berdugo, mandatario de la Universidad de Salamanca; Carles Solà, de la Autónoma de Barcelona; Juan Tugores, de la de Barcelona; Raúl Villar, de la Autónoma de Madrid; Pedro Ruiz, de la de Valencia... Las movilizaciones finalizaron con una asamblea en la que se rompe con el Sindicato de Estudiantes y la campaña oficialista, y se convoca una reunión de coordinación estatal en Granada, apuntando al Foro de Salamanca por la Educación y la Cultura que se celebrará en marzo del 2002 (en el marco de la Campaña contra la Europa del Capital y la Guerra).

Si a la marcha de Madrid acudieron 200.000 personas, gracias a que buena parte de los desplazamientos fueron financiados por PSOE y sindicatos, a iniciativa de las Asambleas de Estudiantes se organizó un recorrido alternativo en el que participaron al menos 10.000 personas, conscientes de que el espectáculo mediático del desembarco de los líderes políticos y de los rectores en la calle no era más que una maniobra electoralista y en ningún caso sinónimo de que PSOE, IU, ICV, ERC, CCOO o UGT estuvieran realmente en contra de la implementación de las políticas neoliberales en materia de educación.

La lucha contra la LOU y Bolonia ha dejado un largo reguero de represión a lo largo de estos años: cinco estudiantes fueron expulsados de la Universidad de Sevilla (muchos más están todavía a la espera de un millonario juicio por daños) gracias a un régimen disciplinario que data de la época franquista (la misma norma que se prentende aplicar contra los estudiantes expedientados actualmente en la UAB), cuatro estudiantes fueron condenados a tres años de cárcel debido a un más que flagrante montaje policial en Madrid y los bolsillos de los estudiantes fueron atracados con un reguero de pequeñas multas por concentración ilegal, pintadas, desobediencia y resistencia a la autoridad. A estos hechos se le suman ahora los expedientes de la Autónoma, la UPF y los heridos y contusionados de las cargas del 18 de marzo en Barcelona.

En estos últimos años hemos asistido a una revelación del carácter nuevo de los mecanismos represivos y particularmente, de la tolerancia mínima del poder en materia de control. Para una sociedad de consumidores, la ciudad es una empresa y la calle es directamente un instrumento de trabajo, un medio de acumular capital. Cualquiera que no sea automovilista o turista, tiene la ocupación vetada. Las calles no son un espacio público susceptible de ser tomado por un sector de la población para manifestar su descontento, sino un lugar neutro donde circular las mercancías, con o sin soporte orgánico.

Sin embargo ahora las cartas están sobre la mesa bien visibles, parece que asistimos a la traca final del neoliberalismo en forma de «Guerra Global» y «Crisis Financiera». Aquellos políticos, rectores, profesores, sindicalistas e incluso actores que en su día manifestaron su rechazo a la LOU, ni siquiera pestañearon cuando en 2005, incumpliendo una promesa electoral, Zapatero no sólo no derogó la LOU sino que simplemente la reformó ahondando en su carácter y retórica liberal.

En 2001 se llegó a hablar de insumisión a la LOU, incluso el claustro de la Universitat de Girona se pronunció a favor. Se pretendía, por lo tanto, desobedecer y llevar a cabo un gesto de ruptura radical con el falso «limite democrático», si bien es cierto que su repercusión fue mínima y las asambleas, como suele ocurrir, se desmovilizaron ante la retirada de la lucha de rectores, profesores y políticos y la llegada de exámenes y vacaciones. Quizás la palabra «insumisión» suene demasiado antidemocrática para el catedrático Andreu Mayayo, que presumiendo de pasado antifranquista y de objetor de conciencia, acusa de antidemocráticos en El Periodico de Catalunya a quienes mediante piquetes pacíficos intentan extender la lucha a toda la comunidad universitaria. A nadie se le escapa su próximidad a ICV y a Joan Saura, y mientras que no levanta la voz contra su partido por apalear estudiantes, acude a la facultad con actitud chulesca y prepotente acompañado de los medios de comunicación a «exigir su derecho al trabajo». Lo mismo ocurre con el otro catedrático de Historia Contemporánea, Antoni Segura, quien no tiene problemas para abandonar el aula sin ni tan siquiera informar a sus alumnos siempre que algún medio de comunicación lo reclama para opinar sobre la guerra de Irak, Euskadi o cualquier otro tema, pero que en cambio se muestra enojado por una huelga convocada en principio durante dos días. Ambos, con razones supuestamente bienintencionadas y con retórica falsamente democrática, reclaman actuaciones por parte de las autoridades académicas e intentan, sobre todo Antoni Segura, justificar las bondades de la aplicación de Bolonia o bien los problemas para su explicación a los estudiantes.

¿Tan difícil es explicar el cambio de naturaleza de la Universidad y su transformación de fábrica de ejecutivos y funcionarios a fábrica de proletarios precarios, obedeciendo a los cambios producidos por la mundialización del capital? Vivimos en una etapa histórica en la que la formación de un trabajador es cada vez más cara, y sin embargo es cada vez más necesaria para evitar la exclusión social. Con Bolonia, el capital pasa factura. La economía real fija el precio de la formación de la nueva forma de trabajo. Parece que los catedráticos no quieren darse cuenta de que el verdadero problema no es Bolonia o un piquete que suspenda las clases dos días. Mejor habría sido, si no querían participar de la lucha abierta, que ambos catedráticos se quedaran en casa y, por supuesto, que no utilizaran su cátedra para participar del circo mediático organizado en torno a la manifestación del 18 de marzo.

Quizás sea en comunicar el motivo de la lucha donde fallan los estudiantes, no sé si por la autocensura ejercida en sus comunicados donde la retórica estudiantil, salvo en casos puntuales como el último comunicado donde se relata el desalojo del rectorado en primera persona, algunos posicionamientos que van apareciendo en los últimos días, o el comunicado de la Asamblea del Barrio de Sants, no van más allá de los temas estrictamente académicos, o antirrepresivos. Otra razón podría ser la eterna renovación de la población estudiantil, que hace que las luchas no se acumulen y que cada año se empiece de cero con un alto grado de inocencia política. Las nuevas hornadas de «jóvenes rebeldes» sustituyen a aquellos que se han integrado en el sistema por haber dejado de ser jóvenes, y vuelta a empezar.

El problema de la LOU y Bolonia es que son un paso más para profundizar en el modelo de desarrollo y sociedad impuesto a golpe de talonario en los últimos años, certificando la total falta de democracia dentro de la universidad, con unos estudiantes que siguen siendo tratados como menores tutelados (¿o es que unas elecciones generales donde participe el 3% de la población y con cuotas según edades o responsabilidades sociales les parecería una verdadera democracia a los dos catedráticos?), y afirmando hipócritamente que un máster de 2.000 euros (en el mejor de los casos) no supone una barrera en el acceso a los estudios de los más desfavorecidos. El verdadero problema, en fin, es que nos imponen una vida hipotecada, una vida precarizada en una sociedad atenazada por el miedo al cataclismo financiero, donde incluso se pretende marcar el ritmo de cuándo y cómo se puede hablar y protestar.

Una vez más los catedráticos, desde su poltrona universitaria, se convierten en policías de la cultura intentando imponer el «límite democrático» para todo lo que se puede pensar y hacer, desenmascarando el verdadero carácter de la Universidad como organismo de gestión del poder, reproducción de élites sociales, institución del saber privilegiado y segregado de la sociedad y catalizador del descontento juvenil. Ante esta situación debemos tomar la palabra e imponer nuestra legalidad ante su falsa legalidad democrática. Las asambleas, el boicot y los piquetes son nuestra legalidad; los discursos mediáticos, las porras y la falta de alternativas a la democracia financiero-capitalista es la suya.

Aquellos profesores, políticos y sindicalistas que en su día decían estar en contra de la LOU, ahora que los partidos a los que pertenecen o los sindicatos que los financian ostentan el poder, son los que ordenan desalojos y cargas, los que acusan de antidemocráticos a los piquetes. Se permiten incluso ironizar sobre los profesores (ya son más de seiscientos en las universidades catalanas) que muestran su descontento ante el giro autoritario de la universidad, sometiendo una vez más su opinioón a la política partidista-electoral sin importarles en absoluto que lo que está en juego es algo mucho más importante que Bolonia. Son ellos, ya sean de la antigua izquierda antifranquista o de la nueva derecha democrática, los que conforman ese difuso «Partido del Estado Capitalista» y no dudan en salir en su defensa, aunque sea únicamente utilizando su posición mediática cuando se produce el más mínimo ataque, por muy leve que este sea.

Aceptando la LOU se aceptó una universidad aún menos participativa de la ya existente (y por supuesto mucho menos democrática), quizás, a medio plazo, el fin de la universidad tal como la entendíamos hasta ahora. Pero no lloremos por sus restos, hagamos de la experiencia de lucha y de la toma de palabra nuestra particular universidad libre, ahora sí, popular y gratuita. Mientras los catedráticos de historia piden la actuación firme de la jerarquía universitaria, los estudiantes, a través de la ya iniciada rebelión contra ésta, contestando Bolonia, pueden afirmarse en la rebelión contra todo el sistema social basado en la jerarquía y la dictadura de la economía y el Estado. Éste sería el nexo de unión con el resto de incipientes luchas que emergen en diversos ámbitos: contra el paro y la precariedad, la banca, las hipotecas, la nocividad de los alimentos, las luchas antipatriarcales o en defensa del territorio... Por tanto, quizás sería también la oportunidad de abrir, no un diálogo, sino un ciclo de lucha que nos lleve, experimentando desde nuestra práctica de confrontación cotidiana con la realidad, a una transformación profunda de la sociedad, en definitiva, a recuperar nuestras vidas y la libertad.

D. Copón-Bendit, Barcelona, abril de 2009

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